MIRADAS: FRENTES COMUNICATIVOS EN VENEZUELA

La guerra mediática en Venezuela

Viernes 16 de marzo de 2007, por Luis Britto García

Afirmaron Marx y Engels en La ideología alemana que las ideas de la clase dominante son en toda época las ideas dominantes, porque así como la clase dominante posee los instrumentos de producción material, posee también los de producción intelectual: academias, editoriales, escuelas. En su arrolladora marcha hacia la concentración absoluta, el capital no sólo acapara medios de producción industrial, comercial, financiera: también acumula aparatos económicos, políticos, ideológicos hasta reducir todas las manifestaciones de la civilización distintas a un solo monopolio verdadero. En Venezuela, como en todas partes, el gran capital posee la gran mayoría de los medios de comunicación.

La política de la antipolítica

Mientras en los países desarrollados el Estado y el gran capital financiero se consolidan hasta casi fundirse, sus aparatos ideológicos predican para el Tercer Mundo el evangelio de la muerte de las ideologías, el credo de la defunción de lo político, el dogma del fallecimiento de los partidos. A rey muerto, rey puesto: para el gran capital, los nuevos conductores de las masas serían los medios de comunicación. Es una doctrina particularmente conveniente para un país como Estados Unidos, que maneja los medios más poderosos del planeta y cuya industria del entretenimiento constituye su primer rubro de exportación (Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD, 1999). El gran capital financiero ha declarado una guerra para suplantar a los mediadores con los medios.

Paula Cabildo

Medios y mediadores

Como todas las contiendas que la humanidad libra por su supervivencia, es éste un conflicto asimétrico. La historia política de la humanidad es la del debate para lograr que el poder político funcione como representante y defensor de los derechos de los gobernados. Para el gran capital la suplantación de los mediadores políticos por los medios ofrece la ventaja de que éstos garantizan una relación de asimetría casi perfecta. Mientras que los actores políticos son creados por los ciudadanos, responden ante ellos, sus dirigencias y programas están en principio sujetas a la aprobación de sus militancias y deben lograr cierta cuota real de cumplimiento de demandas para mantener la adhesión de éstos, los medios son en su mayoría creados por el capital, responden exclusivamente ante éste, no someten a elección sus dirigencias ni sus estrategias ni están obligados a rendir una retribución real a sus audiencias.

Al acaparar la mayoría de los medios y de las industrias culturales, el gran capital monopoliza asimismo los ejércitos para la guerra por el avasallamiento de las conciencias.

Entrega petrolera y dictadura patronal

Con el Tercer Milenio comienza en Venezuela una guerra mediática para la apropiación de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y de la industria que las explota. Ya que el capital venezolano no tiene capacidad para financiar ni gestionar botín tan colosal, su plan es entregarlo al capital transnacional: todos y cada uno de los programas de la oposición prevén la venta de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), prohibida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su táctica consiste en instaurar un modelo corporativo de antipolítica que concentre el poder estatal en una dictadura del gremio patronal y reserve la tarea de mediadores políticos para los medios de comunicación. El presidente de la federación de patronos fue así de derecho el jefe de la oposición mediática y de hecho Presidente de la República. Tal fue la estructura que durante el golpe del 11 de abril de 2002 intentó sustituir durante breves y terribles horas representación y participación por posesión accionaria, soberanía por propiedad, poder popular por dictadura pretoriana.

El Estado paralelo

En fascinante juego de simulacros, la sustitución de los mediadores es prefigurada o escenificada por los medios, primero constituyéndose en actores políticos, luego intentando hacer salir de la escena a los actores políticos reales. Paralelamente con la conquista del poder mediante el cuartelazo clásico, la guerra mediática escenifica la constitución de un Estado paralelo, suerte de gobierno virtual que prepara la sustitución de los intercambios políticos por la facturación unilateral de mensajes.

Los partidos mediáticos

En otro sitio hemos documentado con fuentes pormenorizadas el proceso de esta impostura (Luis Britto García: “Venezuela, investigación de unos medios por encima de toda sospecha”, Question, Caracas, 2004). Examinemos sus fases. En primer lugar, aprovechando el descrédito de los partidos tradicionales, que casi desaparecen del panorama electoral en los años noventa, los medios promueven la creación de partidos mediáticos, organizaciones sintetizadas en las agencias de publicidad y de asesoría de imagen, cuya única proyección social es la audiencia: tras un quinquenio de inflación televisiva, las elecciones regionales de octubre de 2004 desnudaron su verdadera talla de mínimas organizaciones locales o municipales. En la fase inmediata, los propios medios se constituyen en verdaderos partidos políticos, en la medida que designan o fabrican dirigencias, redactan programas y plataformas y establecen líneas y consignas: las movilizaciones de la clase media que acompañaron el golpe del 11 de abril de 2003 y el cierre patronal de diciembre del mismo año fueron instigadas y mantenidas por verdaderos operativos de histeria comunicacional.

El Estado virtual

Paralelamente, los medios actúan como si constituyeran un poder político operante, asumiendo todas y cada una de las funciones de éste. Así, pretenden legislar o derogar leyes, como sucedió con la campaña que desde diciembre de 2001 intenta dejar sin efectos 49 leyes que instauran indispensables reformas. También fraguan actos ejecutivos que nunca han existido salvo como ficción comunicacional, como la supuesta renuncia del Presidente Chávez el 11 de abril de 2002; o decretan la inexistencia de actos reales, como lo hicieron los locutores que en la madrugada del 16 de agosto de 2004 negaron validez a los resultados del referendo revocatorio antes de que cualquier sector político se pronunciara. Los medios dictan sentencias inapelables, como las fulminadas contra los ciudadanos que se defendieron contra los francotiradores el 11 de abril, o dejan sin efectos las de los verdaderos tribunales, al continuar calumniando como delincuentes a los absueltos por su participación en tales sucesos.

El Estado por encima del Estado

Todavía más grave que este simulacro de Estado paralelo mediático es el que sus fautores lo eleven por encima de la propia legalidad que rige los actos de los poderes públicos. No sólo en los hechos, sino mediante repetidos pronunciamientos de sus propietarios y gerentes, los medios se han declarado sistemáticamente por encima de la obligación de imparcialidad y veracidad que impone el artículo 58 de la Constitución. Durante varios años han predicado activamente el golpe de Estado, la guerra civil, el magnicidio. A lo largo del último medio siglo han mantenido una constante instigación a la discriminación étnica, agravada en los últimos años por su empleo como instrumento de descalificación de la mayoría mestiza de la población venezolana. Por otro lado, los medios privados practican sistemáticamente la censura y el veto de comunicadores. A principios de 2003 fueron excluidos cerca de medio millar de empleados de los medios: el veto y la lista negra son medios de condicionar la unanimidad. Gracias a ellos sólo accede a la mayoría de los medios la minoría de los incondicionales.

Finalmente, a diferencia del Estado real, los medios aspiran a la consagración de un estatuto de impunidad e inimputabilidad por sus actos. Pasos elocuentes para esta intocabilidad han sido, por ejemplo, la promoción de recolecciones de firmas para derogar el artículo 57 de la Constitución, que consagra el derecho a réplica, y las demandas entabladas para que los tribunales, aplicando la doctrina de la Organización de Estados Americanos, declaren inaplicables los artículos del Código Penal que establecen como tipos delictivos la difamación, la injuria, la calumnia y el vilipendio. Los medios no sólo pretenden constituir un Estado dentro del Estado, sino también un Estado por encima del Estado.

El ejército mediático

En Venezuela, como en el resto del mundo, el gran capital posee la inmensa mayoría de los medios. Unos sesenta diarios, de los cuales cinco son de alcance nacional, dos centenares de radioemisoras y unas sesenta televisoras, de las cuales cinco alcanzan audiencias nacionales, son el arsenal del capital privado para la guerra mediática. Dos de las principales televisoras y uno de los diarios más importantes tienen decisiva participación accionarial de capitales extranjeros. Históricamente, gran parte de este imperio ha sido construido con créditos blandos estatales y generosos subsidios disfrazados de propaganda oficial. De los diarios privados apenas dos, Últimas Noticias y Panorama, han intentado mantener un equilibrio informativo, lo que les ha valido duplicar el número de lectores de sus competidores más próximos.

El pueblo sin medios

Por contraste, el sector público legitimado por la mayoría de los ciudadanos en diez elecciones consecutivas, para el momento de la confrontación apenas dispone de una cadena de televisión, Canal 8, cuya imagen los canales privados sacan del aire en el momento del golpe; de una radio de servicio público, Radio Nacional de Venezuela, y de una pequeña cadena de televisión alternativa, Catia TV, transitoriamente clausurada por un alcalde opositor, emisoras todas de potencia relativamente escasa e incapaces de cubrir todo el territorio.

Después de vencido el sabotaje petrolero en 2003, se suman a este grupo de cadenas ViveTV, canal alternativo dedicado esencialmente al documental, y ANTV, canal de la Asamblea Nacional, ambos de poco alcance, así como el circuito radial YKE Mundial. En virtud de que la República es dueña de las frecuencias de radiodifusión y teledifusión, los medios privados que operan como concesionarias de las frecuencias están obligados a permitir la difusión de mensajes o cadenas. Este derecho, que el Estado emplea incidentalmente, ha sido objeto de encarnizadas campañas de crítica. De hecho, en el momento crucial del golpe de Estado del 11 de abril los medios privados interfirieron y luego cortaron el mensaje del Presidente a la Nación sirviéndose de una superior tecnología de satélite. Al precario repertorio de medios en manos del poder legítimo se suman para 2005 cerca de cuatro centenares de radios comunitarias, de poco alcance y sometidas a medidas de clausura y todo tipo de agresiones por las autoridades locales de la oposición.

En el Encuentro Mundial de Intelectuales en Defensa de la Humanidad de diciembre de 2004 se lanzó el proyecto de Telesur, un canal dedicado a la cultura y las noticias latinoamericanas y del Caribe, que fue inaugurado en 2005 con participación de Argentina, Venezuela y Uruguay. Sólo desde abril de 2003 circula un cotidiano favorable al proyecto bolivariano, el Diario Vea, por esfuerzo de las viejas dirigencias comunistas. Lo complementan cerca de un centenar de pequeñas publicaciones alternativas, como Question, Temas, El Coyote y otras. El proyecto bolivariano domina internet con aguerridas páginas web como aporrea y antiescualidos. Aparte de estas meritorias excepciones, pocas veces un gobierno y un proyecto políticos tan ampliamente respaldados por las mayorías democráticas han estado tan inermes desde el punto de vista comunicacional.

La indefensión institucional

También ha sido débil la respuesta administrativa del Estado a la ofensiva mediática. En virtud de que las frecuencias del espectro televisivo pertenecen a la República y ésta las otorga en concesión, puede retirarlas discrecionalmente. No ha habido una sola medida de esta índole, ni siquiera para evitar flagrantes actos contrarios a la Constitución tales como el derrocamiento del gobierno electo, el sabotaje a la industria petrolera y la prédica de la guerra civil y la discriminación racial. Durante un quinquenio de agresión mediática, no ha habido una sola planta clausurada, un solo medio suspendido, una sola edición incautada, una sola noticia censurada o vetada. Tampoco, por cierto, hubo sanción alguna contra la repetida y escandalosa violación de normas reglamentarias, como la que prohíbe la publicidad televisiva de alcohol. Sólo se ha comenzado a sancionar la repetida evasión tributaria de algunos medios de comunicación privados.

El vacío normativo

Asimismo ha sido tardía la respuesta normativa. Apenas a finales de 2004 concluye en la Asamblea Nacional la discusión de una Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que favorece la producción nacional e independiente, limita el tiempo de publicidad y prohíbe la incitación al consumo de tabaco, alcohol y drogas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha hecho el menor esfuerzo por hacerla cumplir. Por el contrario, cierra el año 2005 con un acuerdo para “flexibilizar” la prohibición televisiva de publicitar bebidas alcohólicas a petición de las transnacionales del espectáculo. Tampoco ha sido excepcional la acción pública en la educación de las audiencias. No hay propuestas pedagógicas masivas de formación para el análisis y la interpretación de los mensajes: apenas despuntan iniciativas aisladas como columnas periodísticas, libros o programas radiales y televisivos dedicados a la deconstrucción de tantos y tan malignos contenidos.

El mensaje es el mensaje

¿Cómo ha ganado entonces el sector caracterizado justamente por la escasez y el limitado alcance de sus medios, e incluso por la precaria calidad de algunos de ellos? La experiencia venezolana arroja dudas sobre el mito interesado de que el medio sea el mensaje. El proyecto de la antipolítica tenía los medios, pero no el mensaje. En vano sus grandes aparatos comunicacionales difundieron masivamente una convocatoria elitista, de discriminación étnica y privatización a ultranza, centrado en forma narcisista en las esperanzas frustradas, los terrores y los prejuicios de cierta clase media en disonancia de status.

Las grandes mayorías eligieron el mensaje igualitario, inclusivo y de solidaridad social del proyecto bolivariano. En vano fue que el gran capital sustituyera actores políticos por grandes titulares, pantallas y concentraciones infladas en los laboratorios de la imagen. Contra ellos prevalecieron la acción directa del activismo político, la concentración masiva, la participación y la realidad de los inmensos programas sociales que extendieron las esperanzas populares. En la novena confirmación electoral el proyecto bolivariano impuso sus candidatos en veinte de veintidós estados; partidos que la oposición mediática infló como fuerzas nacionales quedaron reducidas a movimientos locales y municipales; los liderazgos televisivos desaparecieron del aire. En la décima consulta electoral la Asamblea Nacional quedó por completo en poder de organizaciones comprometidas con el Proyecto Bolivariano o simpatizantes con él.

Estrategia y táctica de la comunicación popular

Los proyectos políticos a veces descansan en sus laureles, la guerra por el petróleo y por las conciencias no. El pueblo no puede seguir concurriendo a ella desarmado. Para consolidar un frente comunicacional debemos multiplicar el número y fortalecer el alcance de los medios de servicio público y alternativos. Debemos promulgar normativas que limiten el abuso cuantitativo y cualitativo de la publicidad excluyendo la promoción de bienes y costumbres nocivas a la salud y a la convivencia social. Debemos aplicarlas en forma estricta y rigurosa. Debemos asegurar cuotas para la producción nacional independiente como estímulo para la actividad de creadores e industrias culturales autóctonas. Debemos impulsar planes educativos de gran magnitud que capaciten a las audiencias para la decodificación de los mensajes alienantes. Debemos convertir las nuevas redes mediáticas en vehículos para la cultura y la educación popular.

Debemos en fin, fijarnos como metas paralelas la adecuación y la calidad de los mensajes, e impedir que entre éstos y la realidad se abra alguna vez la insalvable distancia que garantizó la derrota del imperio en la guerra mediática de Venezuela.

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Luis Britto García es periodista de opinión e investigador en Ciencias Sociales, es autor de una vasta obra ensayística sobre el discurso político y las contraculturas. Correo electrónico: luisbritto@cantv.net. Un extracto de este artículo ha sido publicado en el nº 25 de la revista Pueblos, marzo de 2006.